Congreso que han considerado indispensable ajustar sus estructuras para responder con eficacia a las demandas de la ciudadanía y eliminar el descontento originado por escándalos y el maltrato que reciben.
Una reciente denuncia periodística sobre una Congresista que incluyó en su equipo de asesores a su empleada doméstica, con el fin de trasladar al Congreso el pago de sus remuneraciones, ha expuesto nuevamente a este poder del estado al desprestigio, mellando la confianza en sus miembros que los electores depositaran en las elecciones generales del año pasado.
La población del país, que ha visto tantas veces postergadas sus justas reivindicaciones económicas y sociales, renovó su fe en las nuevas autoridades espe-rando que cumplan con rigor las promesas formuladas en la campaña electoral y que actúen bajo principios éticos, con pulcritud y transparencia, lo cual permitirá contrarrestar la falta de credibilidad en la clase política, aminorar las protestas y evitar paralizaciones, bloqueos de carreteras y el aprovechamiento de personas interesadas en crear el caos y lograr convulsión social.
Según Francis Fukuyama, que define la confianza como la expectativa que surge en la comunidad por un comportamiento ordenado, honrado y de cooperación, basada en normas compartidas por todos los miembros que la integran, los países desarrollados son más prósperos e innovadores porque sus gobiernos
juegan un papel marginal en la economía y sus sociedades tienen un alto nivel de confianza en las empresas y las personas; mientras que los países en desarrollo no logran despegar debido al alto peso de sus gobiernos sobre la economía y el bajo nivel de confianza que tiene la sociedad en la iniciativa de las personas.
El Gobierno, cuya intervención directa en la economía es mínima, promueve la iniciativa e inversión privada a fin de lograr el desarrollo del país y elevar el nivel de vida de la población; sin embargo fortalecer la institucionalidad del país es primordial, por lo que debe realizar acciones que motive un mayor sentido de participación ciudadana y de la sociedad civil en general, evitando actitudes de indiferencia e individualismo poco favorables para la asociatividad y la construcción de la sociedad, en donde la confianza es vital para actuar juntos y sin prejuicios, autoridades, empresarios y trabajadores.
Toca un rol importante en este esfuerzo, a la clase empresarial que debe asumir con equidad y responsabilidad sus actos y decisiones en torno a un trato justo en la asignación de condiciones económicas y laborales de los trabajadores y en el cumplimiento de las normas laborales. En cuanto a las exigencias de los gremios sindicales, es conveniente que éstas se ciñan a los requerimientos de sus bases, prescindiendo de consignas políticas y protagonismos personales, y teniendo en cuenta las posibilidades económicas de las empresas.
En este marco, las organizaciones cooperativas forman parte de las redes sociales indispensables para el logro de una sociedad mas justa, pues éstas se constituyen por iniciativa propia de sus miembros y tienen como base valores y principios universales que consolidan el sentimiento de asociatividad que tiene relación con las mutuas aspiraciones de satisfacer sus necesidades en forma conjunta. Los Dirigentes cooperativistas somos conscientes que, en la medida en que se difunden y aplican adecuadamente estos valores y principios y se muestra un manejo profesional en el negocio cooperativo, se genera mayor confianza entre los miembros y la comunidad en general respecto a la eficacia de nuestras organizaciones y su contribución al desarrollo del país.
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