con la finalidad de que expongan sobre las acciones realizadas en el marco de ésta recomendación, fue una clara demostración de que el Estado Peruano hasta la fecha no ha implementado políticas de promoción que pudieran favorecer a las cooperativas y que desde la liquidación del Instituto Nacional de Cooperativas, producida el año de 1992, ningún Gobierno se ha interesado en mantener una dependencia pública que se encargue de los asuntos en materia de cooperativismo.
En nuestro pais, como en muchos otros, la relación del Estado con el Movimiento Cooperativo ha sido una relación contradictoria. En algunos años la presencia del Estado tuvo un carácter paternalista e intervencionista como aquella que experimentó el cooperativismo agrario, impuesto en el proceso de reforma agraria del gobierno militar del General Juan Velasco; luego, entre los años 1980 - 1990 y especialmente durante el Gobierno del Presidente Fernando Belaúnde, el cooperativismo recibió la mayor atención que le haya prestado Gobierno alguno, pues en ese período se dictaron la vigente Ley General de Cooperativas, así como diversas normas y políticas que permitieron una etapa de auge y crecimiento del sector, y en los últimos 15 años, la relación es casi nula ante la inexistencia de algún organismo público que se encargue de la relación del Estado con el Cooperativismo.
Frente a la disyuntiva de una posición intervencionista y otra indiferente, totalmente contrarias a los intereses del cooperativismo, la tercera posición que consideramos apropiada para el mejor desenvolvimiento de estas organizaciones empresariales, es aquél que corresponde al de un Estado promotor que crea espacios de actuación para el cooperativismo, sin restricciones, sobre la base de un tratamiento equitativo, no discriminatorio, procurando establecer requisitos adecuados que permitan el desarrollo del cooperativismo en cualquier actividad económica, con absoluta autonomía, bajo condiciones no menos favorables que para otros sectores empresariales.
En una economía de mercado como el que rige en el Perú, el éxito de las personas y empresas generalmente van acompañadas de una adecuada disponibilidad de capital, tecnología, conocimiento y capacidad empresarial. Pero en el país, casi la mitad de la población vive todavía bajo situaciones de precariedad y por tanto carentes de tales recursos, incluso, muchos sectores de esta población no esperan nada del Estado porque para ellos no existe Estado, y lo que cuenta son su amor propio y honestidad, así como el deseo de superación y el esfuerzo solidario que están dispuestos a brindar para enfrentar sus problemas bajo fórmulas como las que ofrece el cooperativismo, por lo que el Estado debe alentar este mecanismo a través del cual la gente aprende a resolver con responsabilidad sus propias necesidades.
Para esto, el Gobierno debe implementar algún organismo o dependencia pública cuyas funciones principales deberían ser la promoción y fomento del sistema cooperativo y la coordinación con los diversos sectores públicos en el diseño y promulgación de normas y políticas gubernamentales para los distintos tipos de cooperativas y sobre todo la supervisión de la puesta en práctica de estas políticas, que permitan realizar acciones que puedan despertar el interés de la gente en iniciar algún emprendimiento económico de carácter cooperativo, que no sólo los beneficiará personalmente, sino que beneficiará fundamentalmente los intereses de la comunidad pues el impacto de la actividad cooperativa se refleja en la producción, el empleo y el mejoramiento de la calidad de vida de la gente.
También es necesario que se establezcan nexos de colaboración y coordinación entre estas entidades públicas y las organizaciones cooperativas, a fin de permitir intercambios de criterios para mejorar las políticas públicas que brinden igual trato a todo tipo de cooperativas, así como para el perfeccionamiento de la legislación y la normatividad que deben regir a éstas instituciones y sobre todo para el establecimiento de un sistema de supervisión que garanticen la estabilidad empresarial y un buen manejo de los intereses de los socios cooperativistas.
El Gobierno del Presidente García, que proviene de un Partido Político, cuyo jefe fundador entendió a profundidad el valor del cooperativismo, reconociendo su importancia como el mejor mecanismo de autoayuda y solidaridad para la resolución de los grandes problemas económicos, sociales y culturales de la gente, que lo motivó a incluirlo en sus postulados doctrinarios, está en deuda con la población cooperativista, pues a más de un año en el poder no ha habido ninguna inciativa alguna de su gobierno en materia cooperativa.
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